La vida de una dirigente del PP siempre valdrá mucho más que las de cientos de miles de víctimas del genocidio fascista

En este cortijo nacionalcatólico llamado España cada día es más evidente que el estado  muestra desvergonzadamente su cara más represora y fascista.

Porque sólo así se puede entender que mientras la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo apartarse de la causa contra el diputado del Partido Popular Rafael Hernando porque sus injurias fascistas son un simple "asunto entre particulares" en el cual parece ser que no tiene nada que decir el estado, el ministro del Interior quiere perseguir de oficio a las personas que con mayor o menor acierto o decoro se han reído del ajuste de cuentas mafioso entre miembros de su propio partido que ha sido el asesinato de una dirigente del PP.

En resumen, es un asunto particular el que un alto cargo público ensalzara el fascismo y denigrara a cientos de miles de víctimas de la barbarie franquistas y a sus familias, pero en cambio es un asunto de estado y no se puede tolerar que ciudadanos de a pie se mofen del asesinato de una única persona sobre la que recaían sospechas de caciquismo y corrupción. Eso sí que es justicia y tener claras las prioridades de un estado de derecho.