Lejía diluida intravenosa para terminar de rematar a un paciente de COVID-19

Si hay algo que en medicina está claro es que a un paciente en estado grave no se le puede administrar ninguna sustancia que no sea estrictamente necesaria. Y sin embargo esta simple regla no se ha cumplido, sino que además ha sido violada por la mezcla de fanatismo de los familiares del enfermo y la negligente ignorancia de un juez.

 

Les pongo en antecedentes, un neurocirujano analfabeto argentino aconseja a un tal José María Lorenzo, que había perdido a su madre por coronavirus, que la medicina que podía salvar a su padrastro (también en estado grave por el virus) es nada más y nada menos que la lejía diluida.

Como los médicos del hospital se negaron a tan estúpido y peligroso tratamiento, nuestro protagonista presenta una demanda judicial, con tan mala suerte que acaba en manos de un juez analfabeto que ordena la administración intravenosa de la lejía. El hospital apella el fallo y nuestro juez estrella se ratifica en su criminal decisión, de tal manera que un médico ajeno al hospital administra el veneno al enfermo, paciente que termina falleciendo.

Y todo ello en un país en donde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica habían alertado sobre la peligrosidad y toxicidad de esta sustancia, mejunje que no está autorizado para su uso medicinal en la Argentina, y ya de paso en ningún otro país del mundo.

Es más, el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, asesor del Ministerio de Salud y asesor letrado de la Sociedad Argentina de Infectología ha declarado que la receta original fue "una aberración técnica médica". Además

"Ni siquiera se chequeó si [este médico] es un especialista como dicen que es, ya que dispuso algo en contra de toda la evidencia médica disponible y el dióxido de cloro no está autorizado por la administración y está contraindicada por diversas instituciones médicas.”

Respecto al fallo judicial este experto en salud ha indicado que también es un caso evidente de "mala praxis judicial" ya que

"Hay un mal proceder judicial y una actitud criminal del médico que indica esta prescripción. Es un despropósito que un juez pueda dar una resolución basado en una sola receta, sin haber pedido una prueba de oficio a otros organismos o bien a la Sociedad Argentina de Infectología”

Ahora solo falta que una verdadera justicia tome cartas en el asunto y que el médico y el juez responsables sean inhabilitados para unas profesiones para las que evidentemente no están capacitados y que incluso sean procesados por vía penal.