Ahora que han pasado dos años desde que el gobierno
del PP expulsara a cientos de miles de personas del sistema sanitario
podemos empezar a ver las terribles consecuencias de tan criminal decisión.
Así, aunque no sabemos si estas antidemocráticas y discriminadoras
políticas han servido para recortar el gasto sanitario lo que se está
descubriendo es que, tal y como se sospechó desde el primer momento, empiezan a aparecer los primeros muertos debidos
a tan criminales políticas de exclusión socio-económica, hasta un total de 800 personas.
Porque cuando a ciudadanos sin recursos de las capas sociales más
desprotegidas se les impide recibir la adecuada atención sanitaria pública,
pues estos desfavorecidos directamente dejan de ir al médico hasta que ya es
demasiado tarde para poder tratar sus enfermedades y algunos se mueren
directamente.
Y no se crean que esto está ocurriendo sólo con mendigos o inmigrantes
ilegales, sino que cada vez más población autóctona de bajos o nulos ingresos
económicos: jubilados que cobran la pensión mínima
o parados de larga duración tienen
muchas veces que elegir entre comer o pagar el recibo de la luz frente a comprar
esas medicinas que cada vez son más inasequibles para sus depauperadas
economías domésticas, de tal manera que los tratamientos se resienten y se acaba
poniendo en peligro la salud y a veces la vida de estos pobres ciudadanos que
han sido directamente olvidados por nuestros piadosos pero neoliberales
gobernantes.
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