El problema de las personas supersticiosas es que lo son en
todas las facetas de su vida, por lo que cuando se habla de políticos sus
destinadas creencias pueden tener consecuencias para el erario público.
Así estamos hartos de ver como nuestros gobernantes nacionalcatólicos
toman importantes decisiones en diversas materias: educación (adoctrinamiento infantil), sanidad (aborto, eutanasia) o trabajo (encomendándose a la virgen o santo de turno para tapar su ineptitud e inoperancia) sumisos ante el
pensamiento irracional de unos iluminados judíos de hace varios milenos.
Pues bien, este comportamiento se puede extender a todo tipo
de supercherías por más absurdas o irracionales que estas sean y por supuesto, estas
majaderías acaban siendo pagadas con cargo a nuestros impuestos. Así se
acaba de conocer que un alcalde del partido nacionalista "Convergencia
i Unió" encargó una limpieza espiritual del ayuntamiento, puesto que este
señor estaba convencido de que la corporación municipal se encontraba bajo
supuestos maléficos influjos negativos y ni corto ni perezoso pues contrató a
varios brujos para que expulsaran a tan nocivas entidades por la módica
cantidad de 1.700 euros de dinero público.
Y este caso, lejos de ser anecdótico muestra muy claramente
que las personas espirituales en cualquiera de sus facetas: mística, religiosa,
paranormal, etc. son incapaces para diferenciar la realidad de sus dementes
creencias y deberían estar incapacitadas para el desempeño de cualquier cargo público,
porque si no los contribuyentes acabamos pagando a esa heterogénea cohorte de mediadores
del más allá en cualquiera de las innumerables formas en las que la fértil inventiva
humana ha ido desarrollando a lo largo de milenios de supersticiosa estulticia.
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