En los países desarrollados existen multitud de leyes y
regulaciones dedicadas a evitar sufrimiento o maltrato de la infancia, pero muy
sorprendentemente uno de los principales derechos de los niños, el de crecer sanos
y no morir por enfermedades prevenibles parece ser que no es uno de ellos.
En una sociedad avanzada se tiene perfectamente asumido que
el estado y las leyes pueden obligar a los padres a dispensar unos cuidados
mínimos y a evitar situaciones de riesgo a los menores de edad. Así las leyes obligan a los padres a
que su hijos pequeños vayan en una sillita homologada dentro del coche para
proteger su seguridad en caso de accidente. El estado también impide que se
fume en los colegios porque se sabe que el tabaco daña especialmente los
pulmones de los niños. Ese mismo estado obliga a los padres a alimentar, vestir
y educar a sus hijos y castiga a aquellos padres que maltraten a sus
hijos.
Pero resulta que en una faceta fundamental del desarrollo y
la propia supervivencia de los niños muchos estados hacen vergonzosa dejación de
sus funciones protectoras y permiten que los padres puedan elegir si vacunar o
no a su hijo frente a enfermedades que les pueden dejar secuelas, lisiados o
incluso conllevar la muerte del menor.
Porque en una sociedad moderna existen infinidad de leyes y regulaciones que limitan la "libertad" de los ciudadanos en nombre de un bien común y de la protección de los más débiles. Por tanto, si algún antivacunas no está dispuesto a aceptar esta realidad quizás debería irse a vivir a una isla desierta donde su irresponsable “libertad” de vacunar no ponga en peligro la vida de los demás, sobre todo cuando de niños se trata.
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