La tristemente famosa Transición Española ha dado lugar a
una de los mayores injusticias del mundo ya que ha permitido a través de la anacrónica Monarquía la legalización de
una sangrienta dictadura que durante más de cuatro décadas persiguió, represalió,
torturó y asesinó a cientos de miles de personas mientras los criminales de
guerra, torturadores y asesinos fascistas no sólo no fueron perseguidos por la
justicia de ningún modo sino que a día
de hoy siguen manteniendo multitud de privilegios y reciben constantes
homenajes. Una situación totalmente intolerable en ninguna democracia con unos
mínimos valores, pero como siempre España es diferente.
Así mientras que la
propia ONU solicita recurrentemente que España debe extraditar a Argentina a
los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, "mientras
no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la
verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", el partido
del gobierno (fundado y dirigido por fascistas desde siempre y lleno a rebosar
de declarados franquistas que ansían sin disimulo alguno la vuelta a ese
régimen de terror) no sólo entorpece la acción de la justicia internacional
sino que una y otra vez permite la exaltación de lo que únicamente fueron
miserables criminales de guerra, de tal manera que a
día de hoy el gallego genocida sigue poseyendo multitud de reconocimientos
oficiales.
La única noticia positiva, en este sistema político podrido
por su bastado origen filofascista, es que una juez de Soria acaba de abrir una
causa por el asesinato de diez de los cientos de miles de desaparecidos y muertos
que todavía llenan a rebosar las cunetas de nuestros pueblos, porque no hay que
olvidar que España
es junto con Camboya el país con mayor número de desaparecidos del mundo,
situación que 40 años después de la muerte del todavía todopoderoso criminal de
guerra gallego sigue sin ser solucionada.
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