En este mundo neoliberal, los altos ejecutivos y grandes fortunas han conseguido engañarnos con ese peligroso y más que mentiroso mantra de que los ciudadanos vivimos por encima de nuestras posibilidades y que la única solución es que se desmantelen los servicios públicos, para que así cada uno compre la educación o la sanidad que pueda costearse de su bolsillo, puesto que el estado debe ajustarse el cinturón.
Sin embargo la verdadera realidad es otra. Los recursos económicos de los estados escasean principalmente porque los ricos: ciudadanos adinerados, grandes empresas y multinacionales en realidad no pagan prácticamente impuestos.
Así, mientras cualquier ciudadano normal puede llegar a pagar impuestos por valor del 15, del 20 o del 25% de sus ingresos anuales, en cambio las grandes empresas contribuyen sólo con el 1 o el 3% de sus beneficios a la hacienda pública gracias a todo un entramado “legal” de ingeniería fiscal que les permite en la práctica evadir miles de millones de euros anuales con la aquiescencia, cuando no con el apoyo de esos políticos que en lugar de perseguir el bien público están más preocupados por cuál será el consejo de administración que ocupen cuando dejen la vida pública.
Es por ello que habría que legislar para impedir que esos mismos políticos que hoy hacen las leyes, mañana acaben de consejeros de esas mismas multinacionales a favor de las cuales legislan mientras desarrollan su carrera pública.
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