Cada vez está más claro que la privatización encubierta de
la sanidad pública, que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, lejos de
ser un ahorro para las arcas públicas es directamente una estafa en toda regla,
orquestada únicamente para beneficiar a las empresas y lo que es peor para
hundir al resto de hospitales que todavía quedan en manos públicas.
Porque atiendan al tramposo
tejemaneje que la consejería de Sanidad madrileña ha ideado para difundir la
falacia de que la privatización implica ahorro y eficiencia sobre la actual
sanidad pública.
Imaginemos un caso extremo. Un hospital privatizado se
especializa en atender sólo las patologías leves: rotura de extremidades, accidentes
domésticos, pequeñas operaciones con pocas complicaciones como apendicitis, etc.
Con estas previsiones oferta un presupuesto bajo por paciente, por ejemplo 10.000
euros ya que no necesita invertir mucho en grandes equipamientos, complejos
quirófanos ni personal médico altamente especializado. Y con ello gana el
concurso para atender una población madrileña. Por supuesto todos los pacientes
de esa localidad que presenten patologías más graves: problemas cardiacos que
necesiten un trasplante de corazón, tratamientos largos y costosos de radio y/o
quimioterapia de pacientes oncológicos, etc. no van a ser abandonados a su
suerte, sino que ante la imposibilidad de ser atendidos en este hospital
privado (ya que no dispone de instalaciones ni personal adecuados) se les
deriva a un hospital público que disponga de los medios (complejos y costosos
no lo olvidemos) para tratar esas severas patologías. Por supuesto la empresa
que gestiona el hospital privatizado se debería hacer cargo del coste del tratamiento de esos sus pacientes.
Hasta aquí todo normal, pero atiendan a la trampa digna del
peor estafador ideada por los
sucesores de Lamela y Güemes. En lugar de tener que pagar el coste real que
ha supuesto el tratamiento en el hospital público, que en muchos casos graves como
los que he comentado anteriormente se dispara a cientos de miles de euros, la
Consejería de Sanidad ha aprobado que la empresa privada sólo deberá pagar al
hospital público el equivalente a lo que previamente ha ofertado para ganar el
concurso, en este caso los 10.000 euros que es lo que cuesta atender a un
enfermo en ese flamante hospital privatizado, aunque sea de hemorroides ¿Se
entiende ahora la vergonzosa estafa?
Así se matan dos pájaros de un tiro. Primero la empresa
privada selecciona sólo aquellas patologías en las que prevé fuertes beneficios
y pocos riesgos y luego en el trasiego de enfermos graves desde la privada a la
pública, el sistema privado carga los costes reales al hospital público ya que éste
nunca podrá resarcirse de todos los gastos ocasionados por el tratamiento de la
enfermedad grave, con lo que éste último aumentará espectacularmente su déficit
a medida que pasen los años y más y más pacientes derivados del hospital
privado deban ser atendidos por debajo de coste por la sanidad pública. Con
ello, el resultado previsible es que unos años después aparecerán los famosos
defensores de la libre empresa, demostrándonos en sesudos estudios y complejos
balances de ingresos y gastos cuan ineficaces y derrochadores son los ineptos
médicos y gestores de la sanidad pública y lo profesionales y ahorradores que son
los hospitales privatizados bajo la flamante y siempre eficiente gestión empresarial.
¿No me digan que no es para dictar una orden de prisión
preventiva inmediata contra toda la cúpula sanitaria de Madrid, que los
mantenga encarcelados a la espera de un juicio por estafa criminal?
P.D. a 20/01/2014
Y mientras tanto tal y como denuncia Intermon Oxfam los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario