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25 de octubre de 2013

El Partido Antisistema Popular



El gobierno del Partido Popular es muy dado a calificar de miembros del movimiento antisistema e incluso directamente de nazi-terroristas a cualquier ciudadano que acogiéndose a los derechos fundamentales de una democracia muestre la más mínima forma de protesta, disidencia o contestación a sus antisociales y represivas políticas. Pero en cambio tanto los dirigentes del Partido Popular y lo que es mucho peor, aquellos miembros que poseen obligaciones de gobierno y que por tanto deberían estar al servicio del estado, son muy proclives a saltarse la legalidad en cuanto entra en contradicción con su sesgada y muchas veces antidemocrática visión de la realidad.

Y el último ejemplo acaba de producirse a tenor de la ya reciente polémica suscitada en España respecto a la derogación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la famosa Doctrina Parot, esa chapucera artimaña judicial más propia de un tahúr que transgrede los más elementales pilares de la justicia democrática y que no se le hubiera ocurrido ni a un estudiante repetidor de la licenciatura de Derecho. Porque independientemente de que como ciudadanos podamos considerar si es suficiente o no que un criminal reincidente, condenado a cientos de años de prisión pueda ser excarcelado al cabo de un par de décadas, lo que no se puede hacer es tirar al cubo de la basura uno de los pilares de la justicia con la aplicación retroactiva de una pena para un condenado ya juzgado años atrás. Cosa que nuestros gobernantes y juristas deberían saber ya que España, como cualquier país civilizado de Europa firmó en su momento la Convención Europea de Derechos Humanos en la que se prohíbe taxativamente "la irretroactividad de las leyes penales desfavorables" para el condenado.

Pues bien, cuando el alto tribunal europeo ha sacado los colores (con toda la razón) al sistema judicial español habría que diferenciar claramente la compresible indignación de las víctimas y sus familiares (para los que nunca será suficiente el castigo para el criminal que les arrebató a su ser querido) de la postura oficial del gobierno (y del partido que lo sustenta) que no puede ser otra que la de acatar la resolución. Luego el gobierno si quiere puede endurecer el código penal hasta la cadena perpetua o incluso hasta la pena capital si así lo desea y se cumplen las normas y trámites parlamentarios necesarios, pero por supuesto únicamente para los nuevos delitos que se juzguen a partir de la entrada en vigor de la ley. Porque lo contrario es el fin de la jurisprudencia occidental tal y como la conocemos.

Pues bien, diversos altos cargos de PP entre los que se encuentra la famosa lideresa madrileña Esperanza Aguirre (demagoga a tiempo completo y especialista en emporcar como dirían en mi pueblo) y lo que es peor altos cargos del estado como la Alcaldesa de Madrid Ana Botella (cuyo único mérito intelectual y político ha sido compartir cama y mantel con el triste e insufrible señor del bigote) y el Presidente de la Comunidad Autónoma madrileña Ignacio González (por cierto qué cruz tenemos los madrileños con estos talibanes) han decidido olvidarse de sus responsabilidades de gobierno (y junto con algunos colectivos de víctimas del terrorismo) se han echado al monte demagógicamente para exigir que el gobierno se salte la ley a la torera y no aplique el fallo europeo, que por cierto es de obligado cumplimiento. 

Y así los mismos que insultan constantemente a simples ciudadanos por ejercer sus más elementales derechos ciudadanos se han pasado al lado oscuro pidiendo la destrucción del actual sistema de justicia europeo. ¿No es éste el ejemplo más claro de movimiento antisistema con el agravante además de estar financiado con los impuestos de todos los españoles? Pero claro, estos individuos ya nos tiene de sobra acostumbrados que para el PP las únicas leyes que se deben cumplir son las que a ellos promulgan y les gustan, el resto se pueden tirar al cubo de la basura o dejarlas en el más oscuro olvido.



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