Desahucios en viviendas y recortes sanitarios: la peor decisión económica del mal gobernante

El mal gobernante es aquel que utilizando la visión cortoplacista busca la solución fácil y ordena recortes en el gasto social aún cuando esa política a la larga acabe generando mucho más gasto, y por tanto mayor derroche de los cada vez más escasos recursos públicos.

Los expertos en salud pública por las universidades de Ofxord y Stanford David Stuckler y Sanjay Basu lo explican perfectamente en su libro  "Por qué la austeridad mata":

"Se sabe desde hace mucho tiempo que el alojamiento es un requisito previo para la buena salud. Las personas sin hogar se encuentran entre los grupos sociales más vulnerables, y tienden a morir cuarenta años antes que aquellas que tienen un techo sobre sus cabezas. Suelen padecer muchos problemas de salud y carecen de acceso adecuado a la atención sanitaria. Además, tienen un alto riesgo de contraer enfermedades contagiosas como la tuberculosis, que luego pueden extenderse al resto de la población. La mala salud y la carencia de vivienda están tan estrechamente ligadas que resulta difícil determinar cuál se ha producido primero, pero la consecuencia en materia de salud pública es idéntica: un enorme incremento en el riesgo de muerte y sufrimientos evitables. 

Si bien la relación entre la falta de vivienda y la enfermedad es de dominio público desde hace mucho tiempo, la crisis de las ejecuciones hipotecarias que se produjo durante la Gran Recesión nos enseñó algo nuevo: la amenaza de embargo puede contribuir a la enfermedad incluso antes de que alguien se haya quedado sin hogar. A medida que la gente se esforzaba por pagar sus deudas, el estrés subsiguiente aumentaba el riesgo de suicidio y depresión, y mucha gente se privó de comida y medicamentos con tal de cumplir con sus pagos hipotecarios. Un estudio realizado entre estadounidenses de más de 50 años descubrió que entre 2006 y 2008, las personas que se habían quedado atrasadas en sus pagos hipotecarios tenían unas 9 veces más de probabilidades de desarrollar síntomas de depresión, 7,5 más probabilidades de experimentar «inseguridad alimentaria» (lo que significa falta de nutrición adecuada y saltarse comidas) y 9 veces más probabilidades de saltarse la toma de medicamentos, incluso después de haber realizado controles estadísticos para detectar problemas de salud preexistentes.

Debido a que había tanta gente que no podía costearse medicamentos, o que estaba sacrificando la atención sanitaria para pagar sus deudas, quienes se enfrentaban a la amenaza del embargo tenían más probabilidades de que sus enfermedades se complicaran y de acabar en las salas de urgencias. Un amplio estudio de casos y controles llevado a cabo en Filadelfia comparó los índices de hospitalización entre las personas que habían recibido una notificación de embargo de su vivienda (casos) con personas de la misma edad, género, sexo, lugar de residencia y nivel de protección social pero que no se enfrentaban a un embargo (controles). El estudio puso de relieve que entre 2005 y 2008, las personas cuyos hogares habían sufrido una notificación de embargo tenían mayor riesgo de acabar en un hospital local que los miembros del grupo de control. Entre seis y veinticuatro meses antes de la fecha del embargo, las personas que habían recibido una notificación de embargo tenían un 50 por ciento más de probabilidades de acabar visitando la sala de urgencias. Las dos principales causas eran la presión arterial alta y la insuficiencia renal ligada a la diabetes, problemas que no deberían dar lugar a la hospitalización a menos que los afectados no estuvieran tomando los medicamentos.

Una vez que los hogares de la gente habían sido embargados y sus inquilinos se veían obligados a abandonarlos, el riesgo de que estos acabasen en urgencias aumentaba todavía más. A medida que, durante la recesión, en Arizona, California, Florida y Nueva Jersey la gente fue dejando de tomar los medicamentos que necesitaba, surgió una fuerte correlación entre los índices de embargo de viviendas en esas comunidades y los índices de visita a urgencias. Cuando nos fijamos en todos los códigos postales entre 2005 y 2007, en el punto culminante de la crisis hipotecaria, pero antes de que aumentara el desempleo, aquellos códigos postales en los que abundaban más las demandas de embargo tenían mayor riesgo de visitas a las salas de urgencias, incluso después de hacer los ajustes necesarios para tener en cuenta el precio del alojamiento, el desempleo, la inmigración y las tendencias históricas de las visitas a urgencias en esas comunidades. Descubrimos que un aumento de 100 embargos se correspondía con un incremento medio del 7,2 por ciento de las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por presión arterial alta, así como con un aumento del 8,1 por ciento de las complicaciones relacionadas con la diabetes, la mayoría de ellas en personas menores de 50 años. Entre 2007 y 2009, las visitas a las salas de urgencias superaron en 6 millones de personas la cifra esperada en épocas normales.

Si bien estaba claro que los embargos planteaban una seria amenaza para los estadounidenses que acababan en urgencias, el verdadero peligro para su salud era que no tuvieran ningún lugar donde vivir. Que la gente se quedara sin hogar durante la recesión era algo que dependía en última instancia de cómo optasen por responder los gobiernos."

Y si además se recorta en gasto sanitario pues, aparte del sufrimiento y la muerte de miles de ciudadanos provenientes de las clases sociales más humildes, como seguimos viviendo en una sociedad donde no se puede dejar morir como perros a las personas, a la larga las visitas de esos pobres desesperados enfermos a las urgencias hospitalarias acaban produciendo un gasto mucho mayor que los ahorros conseguidos con los recortes y además sin haber podido evitar la muerte prematura de esos desheredados. 

Pero claro, mientras tanto grandes banqueros y multinacionales pueden seguir exprimiendo hasta secar a los cada vez más escasos bienes públicos con el beneplácito de nuestros gobernantes corruptos.