Las creencias siempre acaban costando dinero al contribuyente

El problema de las personas supersticiosas es que lo son en todas las facetas de su vida, por lo que cuando se habla de políticos sus destinadas creencias pueden tener consecuencias para el erario público.

Así estamos hartos de ver como nuestros gobernantes nacionalcatólicos toman importantes decisiones en diversas materias: educación (adoctrinamiento infantil), sanidad (aborto, eutanasia) o trabajo (encomendándose a la virgen o santo de turno para tapar su ineptitud e inoperancia) sumisos ante el pensamiento irracional de unos iluminados judíos de hace varios milenos.

Pues bien, este comportamiento se puede extender a todo tipo de supercherías por más absurdas o irracionales que estas sean y por supuesto, estas majaderías acaban siendo pagadas con cargo a nuestros impuestos. Así se acaba de conocer que un alcalde del partido nacionalista "Convergencia i Unió" encargó una limpieza espiritual del ayuntamiento, puesto que este señor estaba convencido de que la corporación municipal se encontraba bajo supuestos maléficos influjos negativos y ni corto ni perezoso pues contrató a varios brujos para que expulsaran a tan nocivas entidades por la módica cantidad de 1.700 euros de dinero público.

Y este caso, lejos de ser anecdótico muestra muy claramente que las personas espirituales en cualquiera de sus facetas: mística, religiosa, paranormal, etc. son incapaces para diferenciar la realidad de sus dementes creencias y deberían estar incapacitadas para el desempeño de cualquier cargo público, porque si no los contribuyentes acabamos pagando a esa heterogénea cohorte de mediadores del más allá en cualquiera de las innumerables formas en las que la fértil inventiva humana ha ido desarrollando a lo largo de milenios de supersticiosa estulticia.