En un momento en el que aparece cada vez más resistencia desde diversos movimientos
antivacunas, el gobierno australiano ha decidido eliminar las exenciones fiscales ligadas a la familia para aquellos padres que se nieguen a vacunar a sus hijos.
Aunque esta medida va en consonancia con la idea de convencer a los padres
reticentes de que vacunar es necesario me parece una muy tibia respuesta a un serio
problema de salud tanto individual como pública. Esto es así porque el gobierno
australiano parece olvidar que lo que está en juego es la salud de los hijos de estos irresponsables padres y que los derechos de los niños, sobre todo cuando
afectan a su seguridad y a veces a su vida, deberían estar siempre por encima
de las ideas o creencias de los padres.
Y por tanto esta irresponsabilidad paterna debería estar castigada con algo
más que la pérdida de alguna ayuda social, puesto que entonces las familias más
acomodadas podrán poner en riesgo innecesario a sus vástagos a cambio de la
pérdida de unos pocos cientos de dólares australianos que no les supondrá mayor
problema.
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